Un saco para sacar los escombros de una reforma en un piso es más caro en Barcelona que en Montcada i Reixac (Vallès Occidental). En la ciudad más importante catalana cuesta 43,90 euros; en la gente vallesana, 40. Para ahorrarse los menos de 4 euros de distingue, que corresponden a la tasa sospesada por la Ordenanza de Medio ámbito de la ciudad más importante catalana, algunos eligen violar la ley: compran los sacos en otras ciudades, los utilizan en Barcelona y los abandonan en sus calles.

La picaresca no muestra riesgo

La multa, por último, la paga la compañía cuyo nombre hace aparición en el saco.

Ester una empresas de sacas acumula entre noviembre de 2010 y  febrero del año en curso  1.850 multas, que llenan las páginas del Reporte Oficial de la Provincia de Barcelona. Presuntamente, la compañía tiene en la calle sacos sin licencia y por eso le adeuda al Ayuntamiento de la ciudad más importante bastante más de 220.000 euros.

Eduard Ester, uno de los dueños, afirma que las han apelado. Los sacos llevan su nombre impreso, pero seguramente quien los ha utilizado los compró en un municipio diferente para ahorrarse unos euros. No abonó la licencia en Barcelona, tampoco avisó a Ester para que lo recoja y lo dejó en la calle.

“Ocurre como con los avisos de propaganda de conciertos que se pegan en los muros de la ciudad: el que paga la multa no es el que los pone, sino el anunciante”, enseña Jordi Cuixart, gerente del Sector de Transporte y Maquinaria de la Creación de Barcelona, que asocia al puñado de compañías homologadas que se ocupan de esta actividad.

Cada municipio tiene diferentes reglas sobre la ocupación del espacio público de los escombros. En Barcelona, entre otras cosas, cada saco, que tiene una aptitud máxima de un metro cúbico de desechos, debe abonar una tasa. Se debe tener mucho cuidado cuando estos telesacos no son recogidos, ya que como se dijo antes la multa recae por la empresa que lleva en su saco su logo, o teléfono.

La piratería en los sacos para escombros

El permiso, que se distribución en el momento de la adquisición, es un folio de color naranja, con un número de serie y unos datos como dirección y teléfono de contacto del solicitado de las proyectos que, de hecho, pocos completan. Las compañías del área tienen diferentes procedimientos para asegurarse de que el folio naranja no se dañe por el trajín de las proyectos o porque algún incívico lo arranque.

Algunos eligen por fijarlo con un sobre de plástico, otros lo hacen con un gancho de metal. La empresa gestora de los residuos se compromete a sacar en 24 horas los escombros. Según Cuixart, este límite se cumple “en el 95% de las situaciones”. No obstante, para lograr llevarlo a cabo requieren tener la cooperación del ciudadano o solicitado de las proyectos de reforma, que está obligado a llamar a la compañía cuyo nombre hace aparición en el saco o contenedor.

Los responsables de llevar a cabo velar la Ordenanza de Medio ámbito recorren las calles y detectan los escombros que llevan bastante más de un día en la vía pública o los que no tienen el papel de la licencia. Una portavoz del Ayuntamiento afirma que los técnicos del sector de Medio ámbito de Barcelona calculan que el 10% de los sacos de la región son irregulares, osea, no tienen el tique naranja. La multa por no poseerlo a la visión es de 120 euros.

Sacos ilegales en las calles de Barcelona

Los sacos ilegales no tienen por qué ser los más ajados, dado que muchas compañías los reutilizan y los venden a costos más reducidos. En la situación de los contenedores el control es más simple, dado que la licencia es una placa de metal. Tanto Cuixart como Ester aseguran que ya tienen programada una actividad social con Medio ámbito de Barcelona para buscar una satisfacción al inconveniente. Una de ellas podría pasar por una homologación de la tasa en el tema provincial o metropolitano.

El Área Metropolitana de Barcelona ya tiene competencias en la gestión de los residuos municipales. Las compañías que se dedican a la obtenida y disposición de los escombros tienen que tener además una autorización ambiental a la Agencia de Residuos de Cataluña para lograr trabajar. No es el exclusivo caso en que la compañía gestora de residuos debe responder por la actividad de otros. La empresa está obligada a comprobar que dentro de los sacos o contenedores no haya restos de fibrocemento, más popular como uralita. La presencia de este material nocivo para la salud le implicaría multas. La Generalitat pide que esta clase de escombros sea tratada de una forma diferente.